Aspectos societarios relevantes introducidos por la ley 2069 de 31 de diciembre de 2020 del emprendimiento en Colombia

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1. Se incluye en el artículo 4 de la Ley como nueva causal de disolución de una sociedad comercial el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha al cierre del ejercicio. El concepto de la “hipótesis del negocio en marcha”, hace referencia a la capacidad que tiene una entidad para continuar en funcionamiento y a la obligación de elaborar los Estados Financieros de las mismas teniendo en cuenta esta hipótesis, la cual debe cumplir las siguientes condiciones:
  • Que la gerencia, no pretenda liquidar la entidad o cesar sus actividades.
  • Que no exista otra alternativa más realista que proceder con su liquidación.
Para realizar la evaluación de la hipótesis del negocio en marcha, la gerencia debe realizar un análisis de la entidad donde se incluya i) liquidez y capital, operaciones rentables, rentabilidad actual y esperada, activos; ii) requisitos de efectivo; iii) generación de flujos operaciones; iv) fuentes de financiación, acceso al crédito, entre otros.

El Consejo Técnico de la Contaduría Público, teniendo en cuenta el Marco Conceptual de las NIIF, indicó que “el negocio en marcha”, constituye la hipótesis fundamental de las NIIF completas, la NIIF para las PYMES y la NIF para microempresas, por lo cual, si es inminente la liquidación de la entidad, no son aplicables estos marcos técnicos normativos:

“Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones; si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso dicha base debería revelarse.” (Párrafo 4.1 del Marco Conceptual para la Información Financiera establece).

En cuanto a la responsabilidad de los administradores  y la gerencia al realizar esta evaluación del negocio en marcha, cuando sea consciente  de la existencia de incertidumbres importantes sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando, deberá revelarlas en los Estados Financieros: “Cuando una entidad no prepare los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, revelará este hecho, junto con las hipótesis sobre las que han sido elaborados y las razones por las que la entidad no se considera como un negocio en marcha”.

En este sentido, cuando la sociedad no cumpla los requisitos de la hipótesis del negocio en marcha y se evidencien deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia en los Estados Financieros, los administradores se abstendrán de efectuar operaciones distintas a las del giro ordinario de los negocios y tienen el deber de convocar, inmediatamente, al máximo órgano social para informarlo y adoptar las medidas correspondientes, ya sea la liquidación de la sociedad o el enervamiento de la causal de disolución, so pena de responder solidariamente por los perjuicios que causen a los asociados o a terceros por el incumplimiento de este deber.

De igual forma, los revisores fiscales y auditores, deben advertir oportunamente los deterioros patrimoniales y, de estimarlo necesario, convocar a reunión extraordinaria del máximo órgano social a fin de adoptar las medidas correspondientes de conformidad con la facultad asignada en el artículo 207 del Código de Comercio.

2. Derogatoria de la causal de disolución por pérdidas de todos los tipos societarios (Código de Comercio y SAS). Si bien se deroga la causal de disolución por pérdidas prevista en la ley 1258 y el Código de Comercio, la Ley establece que todas las menciones realizadas en cualquier norma relativas a la causal de disolución por pérdidas se entenderán referidas a la causal del negocio en marcha.

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley no deroga las siguientes normas relacionadas con la enervación de la causal y plazo, en consecuencia resultan aplicables:

  • Artículo 218 del Código de Comercio: “CAUSALES DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD (…)”
  • Artículo 220 del Código de Comercio: “DECLARACIÓN DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. Cuando la disolución provenga de causales distintas de las indicadas en el artículo anterior, los asociados deberán declarar disuelta la sociedad por ocurrencia de la causal respectiva y darán cumplimiento a las formalidades exigidas para las reformas del control social. No obstante, los asociados podrán evitar la disolución de la sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso, según la causal ocurrida y observando las reglas prescritas para las reformas del contrato, siempre que el acuerdo se formalice dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia de la causal.
  • Artículo 35 Ley 1258: “ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIÓN. Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 7o del artículo anterior. (…)”
3. Se modifica lo regulado en relación con las Convocatorias y deliberación de reuniones ordinarias y extraordinarias en el sentido de permitir que se convoque a reuniones extraordinarias de la Asamblea de Accionistas o Junta Directiva de la sociedad, cuando lo solicite un número de asociados que represente el 10% o más del capital social.

La modificación del artículo radica en la disminución del umbral, es decir, antes se requería una cuarta parte (25%) o más del capital social para solicitar la convocatoria a una reunión de la junta o a asamblea para sesiones extraordinarias. De esta manera, con la mencionada reforma se empodera a los accionistas minoritarios y los faculta para solicitar una convocatoria a una reunión cuando lo consideren pertinente y aún cuando el Revisor Fiscal de la Sociedad o el Representante Legal no hayan realizado la convocatoria.

Es pertinente precisar que no se permite que los asociados que represente el 10% del capital realicen de manera directa la convocatoria, se les faculta para que lo soliciten al Revisor Fiscal o al Representante Legal de la sociedad para que conforme con las disposiciones estatutarias lo hagan.

Adicionalmente, se incluye un parágrafo transitorio mediante el cual, indica que el Gobierno Nacional, debido a las circunstancias por el COVID, podrá establecer el tiempo y la forma para convocar reuniones ordinarias del máximo órgano social de las sociedades (incluyendo las reuniones por derecho propio) para el año 2021, y las disposiciones necesarias para las reuniones pendientes del 2020.

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